Defender a los obreros, a los proletarios, el medio ambiente y la vida humana.

Se trata de examinar la cuestión de la antigua siderometalúrgica Ilva de Tarento desde un punto de vista marxista. La crítica de la economía política es la clave de lectura que nos permite afirmar que la producción capitalista está basada en la explotación del trabajo vivo y en la apropiación de la plusvalía (la cuota de trabajo no retribuido), sobre la destrucción del trabajo humano (heridos y muertos en el puesto de trabajo) y sobre la contaminación y la destrucción ambiental.

En este sistema se enfrentan dos clases sociales: burguesía y proletariado. Para poder sobrevivir, el proletariado se ve obligado a someterse a la explotación del trabajo asalariado dado que la otra clase, la burguesía, minoritaria y parásita detenta la propiedad de los medios de producción. Solamente la lucha entre las dos clases enfrentadas y la elevación del proletariado a clase dominante  determinará la superación del sistema capitalista burgués y el fin de la explotación.

Desde cuando fue construida la Ilva de Tarento, actual Arcelor-Mittal, ha producido beneficios, muerte y devastación ambiental. Se sabe que en el sistema capitalista de producción el capital invertido debe valorizarse, extrayendo plusvalía del trabajo vivo (explotación del trabajo humano asociado a la maquinaria). Aunque ello provoca envenenamiento ambiental y muertes laborales, ello se considera el corolario natural de la valorización del capital, fenómenos de destrucción del cual el capital es causa y de los cuales tiene necesidad para poder continuar su ciclo.

Los sindicatos institucionales, CGIL, CISL y UIL siempre han llegado a acuerdos lesivos para los obreros, bajando la cabeza ante los chantajes laborales, aceptando la nocividad y peligrosidad de las labores y un determinado porcentaje de muertos en la fábrica y en los barrios limítrofes como si ello fuese un leve efecto colateral que hay que soportar para llevar a casa el pan de cada día.

Los sindicatos de base, USB, CUB-SGB, SI-COBAS, aun reivindicando los instrumentos de lucha, aun reivindicando la defensa de las condiciones de la clase obrera, ven la solución a la actual crisis del sector siderúrgico italiano en la adquisición por parte del Estado de la propiedad de la antigua Ilva, y en las inversiones para el saneamiento y relanzamiento de la empresa al mercado.

Pero ¿Qué es el Estado burgués y que función cumple en el sistema capitalista de producción? Ese Estado no es más que el consejo de administración de la burguesía, predisponiendo los ministros, secretarios y subsecretarios las reglas que marcan la explotación de la clase obrera y el arrebato del plus-trabajo, la normativa y las disposiciones de leyes que garantizan el máximo de beneficios: las reglas del mercado de trabajo.

La Ilva de Taranto tiene ya una larga historia como empresa estatalizada. Nace en 1905, fundada por un grupo privado activo en el sector de la minería, aprovechando las facilidades proporcionadas por una ley especial para el desarrollo económico del área de Nápoles (la ley de julio de 1904). Se desarrolla en el transcurso de la Primera Guerra Mundial gracias a los ingentes pedidos bélicos convirtiéndose en la mayor instalación del sur italiano. En 1918, el financiero Massimo Bondi adquiere la plena propiedad, excluyendo a los restantes socios, pero a causa de la competencia norteamericana en el sector del acero en 1921 la empresa presenta su primera crisis, que supondrá su compra por parte de algunos bancos (Banca Commerciale Italiana y Credito Italiano). Con el estallido de la crisis financiera de 1929 el Estado italiano debe intervenir para salvar los bancos que habían comprado la Ilva, y en 1934 compra la propia empresa. Como podemos ver, el Estado, tanto entonces como hoy, interviene en el rescate de los bancos en crisis. Es de destacar que entonces (y por muchos años), todo el sector siderúrgico era estatal, de Piombino a Bagnoli, de Cornigliano a Portoferraio.

En 1934, la propiedad del complejo se convierte en IRI, continuando una serie de fases societarias siempre de tipo público hasta llegar a 1995, cuando siguiendo los planes de enajenación por parte del Estado, la empresa es adquirida por el grupo Riva. La operación de venta despierta importantes polémicas, también porque repentinamente los nuevos propietarios instauran un clima de terror en el interior. Tiene lugar uno de los primeros casos de “mobbing”, con la creación del famoso edificio denominado LAF, local vacío sin herramientas de trabajo, a donde iban los trabajadores indisciplinados, en donde pasaban todo el tiempo sin desarrollar ninguna actividad. En 2012, por delitos ambientales y contaminación el juzgado de Tarento clausura, sin posibilidad de uso, las instalaciones, y el Estado es obligado a convocar una subasta internacional para la compra de la acerería. En el año 2018 llega la sociedad franco-hindú Arcelor-Mittal.

En la actualidad, la nacionalización de la Ilva de Tarento no pondría a la empresa a resguardo de la competencia internacional, que tiene sus propias reglas, las del sistema capitalista. La producción de aceros especiales (las famosas laminaciones de Tarento) se emplean de forma especial en la industria automovilística y en la del electrodoméstico, ambos sectores en crisis de sobreproducción a nivel internacional. Otros países producen el mismo tipo de acero (por si sola China produce el 50% del total mundial), y las cuotas de mercado sólo pueden ser repartidas entre tiburones capitalistas, venciendo el más fuerte, es decir, quien lo produzca con tecnología más avanzada y a los mejores costes.

La solución hoy al asunto de Arcelor-Mittal es la inmediata e intransigente defensa de las condiciones de vida del proletariado, y por tanto la reivindicación del salario garantizado a todos los trabajadores y la clausura de las instalaciones: no se puede aceptar en ningún caso el intercambio entre trabajo y salud.

Esa situación recuerda a la de los años 70 y siguientes del siglo pasado en la empresa química para la producción de CVM (cloruro de vinilo monómero) en Porto Marghera (Venecia). Entonces, los proletarios combatieron por la defensa del puesto de trabajo y por la continuidad de la producción, a pesar de que tras algunos años fue evidente para todos la relación directa entre la aparición de tumores y la producción nociva del CVM. La conclusión del asunto fue el progresivo desmantelamiento del complejo químico ahora obsoleto y la transferencia de la producción a países en desarrollo capitalista mas atrasado, en donde eran menores los costes de producción e inexistentes las normas sobre seguridad en fábricas y salud ambiental. Por las mismas razones, Arcelor-Mittal está comprando hoy instalaciones siderúrgicas en la India, abandonando las ya obsoletas de Tarento.

Sólo la eliminación del sistema capitalista de producción y la toma del poder, la dictadura del proletariado, convertirá en realidad el fin de la explotación del trabajo humano, las enfermedades y la muerte en el entorno laboral, junto a la destrucción del medio ambiente.

Sólo en la sociedad comunista la producción ya no responderá a las leyes del beneficio y serán posibles y viables estas reivindicaciones:

a) “Desinversión de capitales”: es decir, destino de una parte bastante menor del producto a bienes de capital y no consumibles.

b) “Aumento de los costes de producción” para poder dar, mientras exista salario, mercado y moneda, pagas más altas por menos tiempo de trabajo.

c) “Reducción drástica de la jornada de trabajo”, al menos a la mitad de las horas actuales, absorbiendo el desempleo y las actividades antisociales.

(Reunión de Forli, 28 de diciembre de 1952. El programa revolucionario inmediato).

Añadamos una nota sobre las inversiones para la rehabilitación del emplazamiento, que tanto lugar ocupan en el corazón de los ambientalistas de todo tipo.

Las inversiones destinadas a la recuperación y rehabilitación de ese lugar y de cualquiera deben entenderse dentro de la lógica de la valorización del capital: quien lo propone como solución al problema de la contaminación ambiental miente a sabiendas, porque no existe un capital invertido que no deba transformarse en beneficio; por tanto, tales inversiones (ya sea a cargo del Estado, que lo hará recaer sobre el proletariado, ya sea a cargo de la propiedad privada) podrán realmente realizarse en caso de que dieran origen a nuevas fuentes de extracción de plus-valor, de beneficio, en un período de tiempo “razonable” para la valorización del capital invertido.